Fuente: Diario Gestión A comienzos de diciembre de 2020, producto de una ola de protestas, el Congreso derogó el régimen promocional que beneficiaba a la actividad agroexportadora. En vez de perfeccionar un régimen que había promovido la inversión privada y generado cientos de miles de puestos de trabajo formal, se optó por eliminarlo y fijar un plazo perentorio (15 días) para legislar sobre la materia. Así, prisionero de una decisión torpe y apurada, el Congreso procedió a aprobar la Ley 31110 a fines de 2020. Dicha ley introdujo dos cambios importantes. Primero, modificó la tasa del impuesto a la renta de las empresas agroexportadoras –incrementándola gradualmente hasta el 29.5% que rige para el resto de sectores. Segundo, incrementó el costo laboral al introducir una Bonificación Especial para el Trabajador Agrario (conocida como bono “BETA”) equivalente al 30% de la remuneración mínima vital. En mi opinión, este es uno de los mayores despropósitos legislativos en materi...
Carlos E. Paredes PhD // Gestión