La Contraloría, las instituciones públicas y la economía

1. Es increíble como, semana a semana, un nuevo escándalo convierte al de la semana anterior en historia antigua. Esta semana nos tocó: “el Contralor”. Sin embargo, este escándalo no es nuevo. Aunque es cierto que resulta un poco escandaloso que centremos nuestra atención en el Contralor, sus carros y sus conversaciones, en vez de focalizarnos en el tema central: el actuar de la Contraloría. Esta es una institución que progresivamente ha convertido al Estado peruano en un aparato ineficaz; pues ha hecho de los funcionarios públicos, burócratas con miedo a tomar decisiones, a todo nivel y en todos los sectores.

2. En el Perú, hace mucho tiempo que el Estado no cumple con sus funciones fundamentales. No provee bienes y servicios públicos básicos, como infraestructura, seguridad, justicia, educación o salud. Tanto así, que nos hemos visto obligados a privatizar o concesionar estos servicios. Progresivamente, los proyectos públicos de infraestructura han ido reemplazándose por las iniciativas privadas cofinanciadas y ahora se anuncian nuevas versiones de obras por impuestos. Cada vez más, se enrejan urbanizaciones enteras y su protección queda en manos de wachimanes privados; las controversias contractuales no se ventilan en el poder judicial sino en tribunales arbitrales privados; y así… ¿Y la corrupción? Bueno, vivita y coleando; ¡vigorosa!

3. El Estado no puede proveer los servicios públicos básicos que requerimos los peruanos porque es disfuncional. Su problema principal no es la falta de recursos presupuestales, sino la estructura de incentivos perversos bajo la cual actúan (o no actúan) los funcionarios públicos. Y a esto contribuye de manera significativa la Contraloría. Al empezar su mandato, PPK afirmó: "La Contraloría es una traba potencial y lucharé contra eso". En esta oportunidad, me permito discrepar con el presidente, pues la Contraloría no es una traba potencial, sino una traba real. Y como lo demuestran los hechos, ha sido sumamente ineficaz en controlar la corrupción.

4. El problema central con el Contralor no es el de los carros que compró y vendió. El problema tampoco reside en la concesión del aeropuerto de Chinchero (con un mal contrato, una peor adenda y una surrealista lectura de ambos documentos por parte de la Contraloría). El problema es que la Contraloría no cumple con sus funciones, no alcanza sus objetivos. En lugar de prevenir la corrupción, su modo de controlar ha trabado la acción del Estado, a todo nivel. No solo traba los megaproyectos de inversión, sino las compras estatales menores, la contratación de servicios de menor cuantía, el otorgamiento de licencias o permisos: ¡todo!

5. El temor a la Contraloría es omipresente en el Estado, pero este no ha prevenido la corrupción, ha llevado a la inacción. La Contraloría parece no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan. En la práctica, la Contraloría ha prohibido equivocarse por acción (no por omisión), bajo amenaza de denuncia penal. Y lo que ha logrado es trabar al Estado, nada más. El Contralor no debe irse tanto por sus carros, ese problema es insignificante en relación al costo que nos está imponiendo con su visión de la función de contraloría.

6. El Contralor nos propone hacer más de lo mismo y para esto nos pide mayores recursos. Lo que corresponde, más bien, es que se vaya. Tal vez si se dedica a la comercialización de autómoviles genere valor para la sociedad, en vez de destruirlo como en la actualidad.