- Hace pocos días el Poder Ejecutivo cumplió con presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2018. Dicho proyecto nos transmite el manejo previsto de la política fiscal para el próximo año: define tanto el nivel como la composición del gasto público e identifica sus fuentes de financiamiento. Como bien sabemos, el manejo prudente de la política fiscal es una condición sine qua non para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento alto y sostenido.
- Sin duda, el proyecto de presupuesto es prudente. Este plantea un crecimiento nominal del gasto ordinario del 5%. Al considerar la inflación esperada (la última encuesta de expectativas del BCR la sitúa entre 2.8% y 3.0% para el 2018), se aprecia que el aumento del gasto en términos reales bordea el 2%, la mitad del crecimiento supuesto para el 2018. Sin embargo, el proyecto de presupuesto no es tan restrictivo como lo indicaría esta cifra, pues el mismo incluye una expansión adicional del gasto del orden del 5%, explicado por las obras a cargo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARC), con lo cual el gasto real se incrementaría en 7%.
- Así y a diferencia de lo sucedido el año pasado, la política fiscal podría ser ligeramente expansiva en el 2018 debido al aumento de la inversión pública, la cual crecería en 20.5%. Gran parte de este mayor gasto de capital estaría explicado por el esfuerzo de reconstrucción y, además, se prevé que cerca de la mitad de la inversión pública sería ejecutada por los gobiernos subnacionales. Sin embargo, es importante recordar que el próximo año tendremos elecciones regionales y municipales, las cuales en el pasado han limitado la ejecución del gasto descentralizado.
- ¿Podrá ejecutarse la inversión pública prevista para el año 2018? Es un reto difícil, pues gran parte de ella estará en manos de una agencia nueva, la ARC, y de gobiernos subnacionales salientes, cuya acción estará mediatizada por el calendario electoral. En este contexto, el reto fiscal será la ejecución del gasto. Para que la política fiscal sea medianamente expansiva y contribuya a la esperada reactivación será necesario complementar el presupuesto con medidas de refuerzo institucional que contribuyan a que el gasto aprobado efectivamente se ejecute. Si no se hace este cambio institucional (revisión de procedimientos –incluyendo invierte.pe–, fortalecimiento de ProInversión, empoderamiento de funcionarios, relación con la Contraloría, entre otros) no nos quedará más que confiar en que el flamante jefe de la ARC sea un superhéroe. Y en este contexto, cargaremos a SúperPablo con la responsabilidad no solo de la reconstrucción sino de la reactivación.
- El proyecto de presupuesto es prudente, pero tal vez peque de optimista en cuanto a sobreestimar la capacidad de ejecución de la inversión pública, lo que llevaría a que este termine siendo restrictivo y no contracíclico. En efecto, a pesar del alto crecimiento previsto en la inversión pública, el incremento del déficit fiscal está limitado al 3% del PBI. Esto implica un crecimiento muy moderado del gasto corriente, que es el componente del gasto más fácilmente ejecutable. Esto no solo significa que no se podrán atender los aumentos salariales esperados en diferentes estamentos del sector público, sino que no se contarán con más recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos que en la actualidad no satisfacen a la población.
- El debate presupuestal de los siguientes meses nos debería dar la oportunidad para perfeccionar este importante instrumento de política económica; ojalá no se desperdicie en enfrentamientos políticos sin sentido.
Fuente: Diario Gestión A mediados de mayo, el ahora renunciante directorio de Petroperú emitió un comunicado en el que dio cuenta de la situación crítica en que había encontrado a la empresa. En él se delinearon las tres opciones existentes frente a la crisis de la empresa. Tras calificar de irresponsable e inmoral solicitar mayor financiamiento del Estado para hacer más de lo mismo (la primera de las tres opciones), solo restaban dos alternativas razonables. La primera era llevar la empresa a su liquidación ordenada; la segunda, fortalecer financieramente a la empresa a la vez que se cambiaba de manera radical su gobernanza y gestión. Para esto resultaba indispensable traer prácticas privadas de gestión empresarial a Petroperú. El directorio presidido por el Sr. Stark recomendó la última de estas opciones y trabajó para que esta se pudiese materializar, pero no encontró eco en el gobierno. Este último parece inclinarse por la opción de “más de los mismo” y, peor aún, con “más de...
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