- Hace poco más de dos años, publiqué el memorándum “Corto circuito en el sector eléctrico” (03-12-2015). Entonces, alertaba: “La competencia en el sector eléctrico está en peligro. El resultado previsible será la salida del mercado de algunas empresas generadoras y una mayor concentración en el sector. Lo avanzado en más de veinte años podría estar echándose por la borda…” Me preocupaba que la reforma del sector eléctrico de los años 90, orientada a promover la competencia y la eficiencia, sucumbiese frente a las fuerzas de la contrarreforma, muchas veces liderada por la miopía de las autoridades y los intereses de corto plazo de las mismas empresas del sector.
- La contrarreforma eléctrica tomó fuerza a partir del 2008, cuando se trataron de solucionar diferentes problemas con “parches” de corto plazo. Desgraciadamente, muchos de estos parches subsisten hoy en día y generan cada vez mayores distorsiones en el sector. Producto de tanto parche hemos terminado con un Frankenstein eléctrico, inestable e incoherente, que continuamente genera resultados que eran difíciles de anticipar, lo cual fomenta la introducción de nuevos parches y la aparición de nuevas distorsiones.
- Es en este contexto que recientemente se ha desatado la denominada “guerra de las eléctricas”. De un lado están las tres generadoras más grandes del país, que contribuyen con cerca del 60% de la generación eléctrica, y que hoy obtienen parte importante de sus utilidades a costa de las pérdidas que deben absorber otras empresas de generación y distribución con las que están enfrentadas.
- Esta situación anómala refleja diversas distorsiones generadas por los parches del pasado y ha llevado a que el precio en el mercado spot se encuentre significativamente por debajo del equilibrio de largo plazo. Seamos claros: la situación actual es insostenible, tiene consecuencias negativas para la competencia y refleja los parches del Frankenstein que fuimos creando poco a poco.
- Aquí no voy a defender a un bando o al otro, porque creo que ambos están equivocándose nuevamente al priorizar objetivos comerciales de corto plazo y perder el norte de hacia dónde debe encaminarse la reforma de la regulación eléctrica. A pesar de que ambos grupos de empresas han esbozado argumentos de carácter “social” –incluyendo una inusual preocupación por las finanzas tanto de los clientes libres como de ElectroPerú– y han enarbolado diversas banderas económicas –la defensa del libre mercado mercado, la estabilidad de las reglas del juego, el no abuso de la posición de dominio–, parece ser que solo están interesadas en defender sus márgenes comerciales inmediatos. A pesar del cortoplacismo que estaría afectando a ambos grupos, la verdad es que el Frankenstein regulatorio actual es un monstruo que debe enfrentarse pensando en el mediano y largo plazo.
- Los economistas pensamos que la regulación debe ser simple, transparente y predecible. Hoy tenemos todo lo contrario en el sector eléctrico. Pero esta crisis genera una oportunidad para repensar la regulación eléctrica y corregir las enormes distorsiones acumuladas en los últimos 10 años. El MINEM es el llamado a liderar, escuchar e introducir una dosis de sensatez en el debate. Recientemente, prepublicó un primer proyecto de solución. Y aunque no sea la panacea, lo importante es que se haya prepublicado, que se recojan opiniones y que se muestre liderazgo y transparencia. ¡Enhorabuena!
Fuente: Diario Gestión. El arbitraje en el Perú, es decir, la justicia privada, ha cobrado gran relevancia como mecanismo de resolución de disputas. ¿Cómo viene funcionando en las controversias con instituciones públicas? A continuación, analizamos los casos sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado (no incluyen APPs ni casos CIADI). Recientemente, en Intelfin, analizamos 147 laudos arbitrales que resolvieron controversias de este tipo, emitidos entre 2021 y 2024 (fuente: OSCE). ¿Cuánto dinero está en juego, cuánto se consigue al final, quién obtiene mejores resultados y cuán confiable es este mecanismo? En este periodo, el 87% de los arbitrajes fue iniciado por privados y el 13% por el Estado. El monto total reclamado ascendió a S/ 220 millones, pero los tribunales solo concedieron S/ 62 millones –poco más de un cuarto del monto reclamado–, una tasa de éxito baja para el demandante. Esto se constata con mayor claridad al observar que en el 58% de los casos en que...
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