- Tengo muchos años siguiendo y analizando el sector pesca y acuicultura en el Perú. He visto a muchos actores esforzarse, perseverar y construir verdaderas historias de éxito. Pero, desgraciadamente, las malas prácticas también caracterizan a muchos otros actores, tanto públicos como privados. Estas han promovido la desconfianza y generado incentivos perversos que facilitan la reproducción y el crecimiento de conductas inapropiadas, como si se tratase de una epidemia.
- Esta observación me llevó alguna vez a escribir que “somos una potencia pesquera a pesar de nosotros mismos”. Nuestra capacidad para entorpecer los esfuerzos de otros y meternos cabe parece no tener límites. Estoy seguro de que dejaríamos de destruir valor y perder oportunidades con solo fomentar el diálogo y el flujo de información. Poco a poco podríamos mejorar la coordinación y cooperación pública-privada, y también al interior de cada uno de estos sectores. ¡No podemos seguir trabajando como si fuéramos autistas!
- Los problemas de gobernanza en el sector son graves y de larga data. La altísima rotación de autoridades ha contribuido a socavar la gobernabilidad. Desde el año 2000 hemos tenido más de 20 ministros en el sector; desde el 2016, hemos tenido 6. Todavía recuerdo cuando conté más de 5 viceministros de pesquería en menos de un año. Por lo tanto, no debe sorprender que la autoridad nacional sea débil –percibida como ave de paso– y que a esta le resulte muy difícil coordinar y liderar esfuerzos con una visión compartida por los principales actores del sector.
- En las últimas semanas hemos visto surgir dos problemas relacionados a la falta de comunicación y coordinación. Por un lado, el Consejo Regional de Piura publicó la Ordenanza Regional No. 024-2018, la cual abriría las puertas para que esta instancia otorgue permisos de pesca a su sola discreción. Según el PRODUCE, esta acción vulnera el ordenamiento legal vigente. Creo que la preocupación del ministerio está más que justificada: si cada gobierno regional puede abrir el acceso a nuestras pesquerías de forma inconsulta y permitir que embarcaciones pesquen a nivel nacional, entonces se estaría socavando la sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos. ¡Chau pescao! (Nunca mejor dicho).
- El segundo problema se refiere a la reciente decisión del SANIPES respecto al aceite de pescado. Ante las recomendaciones de una misión sanitaria europea, el SANIPES se habría apurado a cerrar en la práctica las exportaciones de aceite para consumo humano a la Unión Europea. El Perú produce más del 60% del aceite consumido por la industria nutracéutica a nivel mundial. Lo viene haciendo hace más de 10 años, cumpliendo con las directrices del SANIPES, y en este periodo nunca recibimos queja o cuestionamiento alguno sobre la inocuidad de nuestro aceite. No obstante, hoy las exigencias sanitarias de la Unión Europea son más estrictas.
- Por lo tanto, tendremos que mejorar los estándares de nuestra industria aceitera, la cual es líder a nivel mundial. Como en otras ocasiones, deberemos coordinar con Europa y plantear un plan de adecuación a sus nuevos requerimientos. Industria y autoridad sanitaria peruanas deben trabajar juntas. Sin embargo, con la referida decisión de SANIPES se perderían más de US$ 100 millones al año, monto similar a todo el presupuesto público destinado al sector pesca. Debido a la falta de diálogo, se perderían recursos de manera innecesaria. ¿Por qué no conversar y cooperar?
- Agradezco a las autoridades del PRODUCE, SANIPES y de la DIREPRO de Piura por las conversaciones que sostuvimos. Aunque seguramente no estarán de acuerdo con todo lo que escribo, pueden estar seguras que lo hago con afán constructivo y de diálogo.
Fuente: Diario Gestión Los hechos demuestran que los funcionarios públicos ganan poco al tomar decisiones, pero pueden perder mucho cuando toman riesgos y deciden sobre un tema controversial. La consecuente inacción –explicada por “el pánico a firmar”– trae pocas consecuencias personales para los burócratas, pero termina siendo extremadamente perjudicial para la sociedad. El que no se tomen decisiones o que estas demoren una eternidad perjudica la provisión de bienes y servicios públicos y traba el funcionamiento del sector productivo. En esta ocasión, nos concentraremos en la relación entre el pánico a firmar y los arbitrajes del sector público. También nos referiremos a las decisiones insensatas de algunos políticos y los consecuentes arbitrajes que ocasionan. En ambos casos, los peruanos perdemos mucho. La renuencia a tomar decisiones y enfrentar enormes riesgos personales, ha llevado desde hace muchos años a que los funcionarios prefieran dejar que la decisión la tome un tribunal
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