¿Por qué perdemos tantos arbitrajes?

Fuente: Diario Gestión

1. Los hechos demuestran que los funcionarios públicos ganan poco al tomar decisiones, pero pueden perder mucho cuando toman riesgos y deciden sobre un tema controversial. La consecuente inacción –explicada por “el pánico a firmar”– trae pocas consecuencias personales para los burócratas, pero termina siendo extremadamente perjudicial para la sociedad. El que no se tomen decisiones o que estas demoren una eternidad perjudica la provisión de bienes y servicios públicos y traba el funcionamiento del sector productivo. 
2. En esta ocasión, nos concentraremos en la relación entre el pánico a firmar y los arbitrajes del sector público. También nos referiremos a las decisiones insensatas de algunos políticos y los consecuentes arbitrajes que ocasionan. En ambos casos, los peruanos perdemos mucho. 
3. La renuencia a tomar decisiones y enfrentar enormes riesgos personales, ha llevado desde hace muchos años a que los funcionarios prefieran dejar que la decisión la tome un tribunal arbitral, en vez de ellos hacerlo. Dado que el arbitraje toma tiempo y el Estado usualmente se defiende mal –el miedo también afecta la contratación de una buena defensa–, los arbitrajes incrementan el costo que termina pagando el Estado (incluyendo tanto el monto en controversia, como el plazo y el costo de la obra o proyecto). 
4. Pero, ¿cuál es la consecuencia para aquellos funcionarios responsables de que acabemos en un arbitraje, a todas luces innecesario y que, además, terminamos perdiendo? Ninguna. El costo para ellos es cero. Para evitar tomar decisiones incómodas y peligrosas, la inacción burocrática lleva a que terminemos con un número excesivo de arbitrajes que en la mayoría de casos perdemos. La verdad es que la mayoría de estos arbitrajes pudo evitarse con una negociación oportuna, transparente, y responsable de los temas en controversia. 
5. Propuesta:  El MEF, junto a la Contraloría, debería crear una instancia técnica de evaluación y asesoría para guiar a las instituciones públicas en materia de arbitrajes. El objetivo es ayudar a los funcionarios a tomar decisiones de manera oportuna, al mitigar su pánico a firmar. Al respecto, la experiencia del “control concurrente” de la CGR puede resultar útil. Esta instancia también debería evaluar de manera expost los arbitrajes en que incurrimos y analizar el actuar de los funcionarios en cuestión, a fin de que no sigan enfrentando un costo cero por llevarnos a arbitrajes innecesarios que nos terminan costando un dineral. 
6. Y, para terminar, refirámonos a las decisiones apuradas, antijurídicas e irresponsables de muchos de nuestros políticos, quienes, adoptando poses supuestamente valientes o dignas, conducen a que sus contrapartes privadas –afectadas por estas decisiones insensatas– busquen una indemnización por la vía arbitral. ¿Y qué les pasa a nuestros políticos, que patearon el tablero y nos llevaron a arbitrajes que los ciudadanos terminamos pagando? Pues nada, absolutamente nada. Es momento de cambiar esta situación poniéndole los reflectores a estas conductas y a estos arbitrajes. Debemos promover la sanción social y política para combatir conductas irresponsables que nos terminan costando otro dineral.