Nuestra riqueza marina y los derechos de pesca

1. Según los biólogos marinos, nuestro mar es uno de los más ricos y productivos del mundo. Por lo tanto, no debe sorprender que su explotación genere una renta económica significativa. Dicha renta –que no es atribuible al capital, al trabajo o a la capacidad innovadora de las empresas, sino a las características inherentes del recurso natural– se conoce como “la renta del recurso” o renta ricardiana.
2. David Ricardo, uno de los más connotados economistas clásicos, desarrolló este concepto en su tratado de 1821. A pesar que este concepto es tan longevo como la República del Perú, parece que los peruanos no hemos aprendido todavía el real significado del mismo y sus implicancias en términos de política económica y sectorial.
3. Parafraseando a Ricardo, podemos decir que “la renta de los recursos marinos es la parte del producto de su explotación que se paga al dueño por el uso de las energías originarias e indestructibles de dichos recursos…" Al respecto, recordemos que nuestra Constitución señala que los recursos naturales son de propiedad de la nación.
4. En los años 70 y 80, el Estado, a través de PescaPerú, probó ser una pésima opción para explotar nuestros recursos marinos. Lo único que logramos hacer con la gestión estatal fue disipar la renta de nuestros recursos. Por eso, en los años 90, la explotación de los recursos marinos –al igual que la de otros recursos naturales– se transfirió al sector privado.
5. Sin embargo, al transferirse la explotación del recurso al sector privado, era necesario discutir y definir de manera transparente y técnica cómo compartir la renta entre el dueño del recurso y el agente privado a quien se le asignó de manera gratuita su explotación. Esta discusión estuvo ausente durante muchos años; ahora, al cumplirse los 10 años de la denominada “Ley de Cuotas Individuales”, es impostergable.
6. Recientemente, el Ministerio de la Producción ha iniciado la revisión de los derechos de pesca en la pesquería industrial de anchoveta. El proceso se está haciendo con la seriedad del caso y entiendo que las modificaciones que se propongan serán pre-publicadas para recibir las opiniones y sugerencias de los interesados. ¡Enhorabuena! Darle transparencia al proceso y que el tema se discuta abiertamente es sumamente positivo. Pero no es suficiente.
7. No hay razón alguna para limitar esta revisión a la pesquería industrial de anchoveta. En la actualidad, más del 60% de la anchoveta que supuestamente se pesca para consumo humano directo, se destina a la producción de harina y aceite de pescado. Pero, gracias al marco normativo vigente, estas capturas no pagan derechos de pesca, generando un indeseable ”arbitraje regulatorio”. “Pepe El Vivo” y “Juan El Informal” también deben pagar, y deben pagar porque gestionar nuestras pesquerías cuesta. En la actualidad, más del 80% del costo de la gestión pesquera lo estamos pagando todos los contribuyentes y no solo los que gozan directamente de la renta pesquera. Por ello, la revisión de los derechos de pesca debe alcanzar a las demás pesquerías del país, donde los pagos por este concepto son mínimos en relación al valor del recurso extraído.
8. Pero esto último tampoco es suficiente. Resulta crucial que las autoridades expongan de manera clara y sustentada cómo se han utilizado los recursos provenientes de los derechos de pesca en los últimos 10 años y cómo se planea utilizar estos recursos en el futuro. Sin duda, el diálogo con el sector productivo enriquecería este proceso, promoviendo un uso eficiente de los mismos y contribuyendo a garantizar la sostenibilidad marina.