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- Hace poco más de 25 años, se reformó el régimen de pensiones en el Perú. Con la creación de sistema privado de pensiones (SPP), se pasó de un régimen de reparto a un sistema de capitalización individual. El sistema anterior, la “olla común”, estaba condenado al fracaso. Dado que el fondo común de pensiones era propiedad de todos y de nadie a la vez, esto facilitó que el gasto público se financiase con el supuesto ahorro para la vejez. El sistema de reparto era financieramente inviable y su mala administración aceleró su fracaso. A fines de los años 80 el sistema estaba quebrado: cálculos actuariales indicaban que la deuda con los aportantes ¡era mayor que la deuda pública externa!
- El desbalance patrimonial del sistema público de pensiones obligó a emitir los famosos “bonos de reconocimiento”. Y con ellos, lo que realmente reconocimos fue que el sistema anterior había sido un desastre. Sin duda, el sistema de capitalización individual fue un gran paso adelante; nos devolvió la propiedad sobre nuestros ahorros para la vejez. Sin embargo, el SPP, como viene funcionando, no es la solución a toda la problemática de las pensiones en el país. Hay mucho por perfeccionar, tanto en temas de eficiencia como de equidad. Hoy me referiré al primero de estos.
- Creo que pocos discreparán con la aseveración de que el SPP debe funcionar con eficiencia a fin de contribuir mejor al bienestar social. Pero, ¿cómo definimos eficiencia? ¿cuáles son los criterios a incluir? ¿Rentabilidad, mitigación del riesgo, cobertura de población, atenuación de la pobreza para los pensionistas, reducción de rentas monopólicas para las AFP? Resulta crucial que todos entendamos qué queremos decir por eficiencia en este contexto. Si no lo hacemos, nos perderemos en discusiones sin sentido y avanzaremos poco en el perfeccionamiento del SPP.
- Los economistas pensamos que para lograr resultados eficientes, los mercados deben ser competitivos. Así, la respuesta de muchos a las críticas que se hacen al SPP es que necesitamos incrementar la competencia en el sistema. Nuevamente, es importante aclarar qué queremos decir por esto. ¿Se trata solo de aumentar el número de AFP? El mercado es pequeño y hay un límite natural al número de actores, pues es una industria donde hay economías de escala (en Chile, tras casi 40 años de existencia, solo hay 6 AFP). Sin embargo, podemos fortalecer la competencia a través de otras medidas, incluyendo permitir otras opciones de capitalización individual para canalizar el ahorro forzado para la vejez.
- Lo que resulta fundamental para asegurar la competencia, es mejorar la disponibilidad y transparencia de la información. ¿Cómo hablar de competencia si no sabemos cuánto pagamos ni por qué concepto lo hacemos? Como señalé en una columna anterior (“SPP: obligación de aportar y libertad para cobrar”), cerca del 43% de las inversiones del SPP se canalizan a fondos en el exterior, que cobran una comisión de administración. ¿Quién paga esta comisión? ¿Las AFP, de la comisión que les pagamos, o nos trasladan el costo? Entiendo que los aportantes pagamos ambas comisiones. Sin embargo, las AFP no publican las comisiones que realmente pagamos, sino solo aquellas que ellas cobran.
- Al margen de la tarifa real que pagamos, cabe preguntarnos ¿por qué pagamos lo que les pagamos a las AFP? ¿Para que escojan quiénes van a administrar finalmente el portafolio? Si bien el cobro no está en discusión, deberíamos preguntarnos si el fee cobrado por este servicio es económicamente razonable.
- Más transparencia es condición necesaria para mayor competencia. Empecemos por ahí.
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