Protestas y costos, ¿hay responsables?

1. Todos tenemos derechos y obligaciones. Entre nuestros derechos está el de protestar. Podemos protestar por causas justas o injustas, con fundamento o sin él. Nadie nos puede quitar nuestro derecho a protestar, a reclamar. Sin embargo, este derecho no nos exime de nuestra obligación de respetar los derechos de los demás (el derecho al libre tránsito, el derecho de propiedad o el derecho de poder trabajar). Si alguien viola el derecho de los demás, seguramente les ocasiona un daño y, en principio, debería ser sancionado y obligado a resarcir el daño al agraviado. 
2. El que la gente sea sancionada por los daños que causa a los demás es una regla básica para la convivencia pacífica; constituye un incentivo que permite disuadir conductas contraproducentes que socavan la paz y el orden. En el Perú, sin embargo, parece que hay personas que piensan que no tienen por qué ser sancionados, que están más allá de la ley y que no tendrán que resarcir el daño que causen a los demás. Desgraciadamente, a lo largo de muchos años, el cuestionable comportamiento del Ministerio Público y de nuestros jueces ha contribuido a darles la razón en la práctica a estas personas.
3. Entre los peruanos que parecieran gozar de un supuesto derecho a causar daños sin resarcirlos, están algunos políticos o líderes sociales, quienes promueven protestas que devienen en violaciones de los derechos de los demás. Recientemente, lo hemos vivido en el sur del país, con mayor fuerza en Arequipa, donde un pequeño número de políticos promovieron y avalaron una huelga general en la que se violentaron los derechos de cientos de miles de peruanos. 
4. El Gobernador Cáceres Llica, principal promotor de la huelga general, cambió su lenguaje en la última semana y aclaró que él no había incitado los desmanes que se habían producido. ¿En serio? ¿Acaso no buscó abiertamente paralizar la actividad económica? ¿Al hacer esto, no violentó los derechos de los trabajadores de más de 120,000 mypes que se vieron afectadas por la huelga y, también, los de los trabajadores y accionistas de una serie de empresas grandes que vieron mermadas sus utilidades? Las pérdidas ocasionadas a terceros por la huelga han sido millonarias. Para Petroperú, una empresa de todos los peruanos, la huelga afectó nuestros resultados en más de S/ 80 millones, entre los sobrecostos incurridos para no dejar desabastecido el sur del país y el lucro cesante por las menores ventas. ¿Cuántas vidas se pusieron en peligro? Tenemos más de 30 policías heridos. ¿Acaso no existen responsables?
5. Desde un punto de vista lógico y legal es relativamente fácil establecer la relación causal entre la huelga y el enorme daño económico que se ha causado a terceros. Creo que también es posible concluir jurídicamente que los promotores políticos de la huelga son los responsables de las características ilegales que tomó la protesta. De ser así, en este caso –al igual que en el de las protestas promovidas por Walter Aduviri en Puno hace ocho años– se verificarían los cuatro elementos que deben concurrir para que corresponda que los responsables del daño estén sujetos al pago de una indemnización: (i) la existencia de una conducta antijurídica, (ii) la existencia del daño, (iii) relación de causalidad entre el hecho imputable y el daño sufrido, y (iv) factor de atribución. 
6. Es hora de tratar a nuestros líderes políticos y sociales como personas responsables ante la ley y, justamente por eso, debemos encargarnos de que su comportamiento irresponsable sea sancionado. No podemos convertirnos en cómplices al permanecer callados frente al abuso de los derechos de las mayorías.