- Aún después de tres décadas de importante progreso económico, un gran número de peruanos no goza de acceso a bienes y servicios públicos básicos. Muchos de ellos se sienten “ninguneados”. Para muchos, el Estado simplemente no existe o está ausente, y es justamente esta ausencia de Estado la que afecta dramáticamente la calidad de vida de estos pobladores. Por ejemplo, el porcentaje de pobreza extrema en la selva rural –donde el Estado casi no está presente– es casi tres veces el promedio nacional.
- Sin embargo, no es necesario trasladarse a lugares lejanos para verificar la ausencia de un Estado proveedor de servicios públicos básicos. Muchos pobladores de las áreas periféricas de las grandes urbes sobreviven día a día sin acceso a redes de agua y saneamiento, salud, seguridad, justicia, transporte masivo razonable, entre muchos otros. Pero, desgraciadamente, tampoco es necesario ir a zonas marginales para constatar cómo grandes grupos poblacionales son ninguneados por un aparato estatal que parece haber perdido noción sobre cuál es su razón de ser.
- Por ejemplo, las mujeres peruanas sufren los efectos del machismo, reflejado en la discriminación laboral, en las terribles estadísticas sobre violencia e, incluso, feminicidios (160 en lo que va del año). En el campo del transporte masivo, millones de ciudadanos sufrimos a diario las consecuencias de los retrasos en las obras de infraestructura. Y podríamos seguir caracterizando diversos grupos poblacionales desatendidos por servicios públicos de salud, educación, seguridad, justicia…
- Ante estas carencias y frustraciones, no es difícil entender por qué no son pocos, sino más bien muchos los grupos poblacionales que se sienten con derecho a reclamar y protestar. Así, ante un Estado ausente o inefectivo, la protesta social se convierte en un mecanismo “válido” del que hacen uso estos grupos para hacerse notar, para tratar de aparecer en el radar estatal, para dejar de ser ninguneados. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, a noviembre del 2019, existían 185 conflictos sociales, de los cuales 126 correspondían a conflictos socioambientales. Pero el número de protestas, sin duda, es mucho mayor.
- ¿Y qué hace el Estado frente a la protesta social, ya sea tome la forma de huelgas, plantones, bloqueos de carreteras, incendios, toma de estaciones, u otras manifestaciones? Desgraciadamente, asustados y/o esquinados por la protesta, muchas veces hemos recurrido al expediente fácil de hacer promesas rápidas, aunque no puedan cumplirse de manera oportuna debido a la misma naturaleza de los problemas y a la disfuncionalidad e inefectividad de nuestro aparato estatal. Y así, pasamos del “ninguneo” a la “mecida”.
- No debe sorprender que el resultado de este proceso sea incrementar la frustración y la desconfianza de la población con la clase dirigente y con el Estado, es decir con el sistema. La población se siente mecida, desprotegida y burlada; la olla de presión se va calentando y, si no hay válvulas de escape, eventualmente explotará.
- ¿Qué es lo que podemos hacer? Es necesario aterrizar las propuestas de solución y dejar de hacer promesas incumplibles. Se debe identificar acciones concretas, con responsables directos y cronogramas claramente identificados. Necesitamos que los responsables rindan cuentas y comuniquen claramente sus avances o falta de progreso a los diferentes grupos de interés. La transparencia, la verdad y la comunicación son antídotos eficaces al sentimiento de ninguneo y pueden abrir el camino para atenuar la conflictividad social y así poder resolver los problemas reales de la población.
Fuente: Diario Gestión. El arbitraje en el Perú, es decir, la justicia privada, ha cobrado gran relevancia como mecanismo de resolución de disputas. ¿Cómo viene funcionando en las controversias con instituciones públicas? A continuación, analizamos los casos sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado (no incluyen APPs ni casos CIADI). Recientemente, en Intelfin, analizamos 147 laudos arbitrales que resolvieron controversias de este tipo, emitidos entre 2021 y 2024 (fuente: OSCE). ¿Cuánto dinero está en juego, cuánto se consigue al final, quién obtiene mejores resultados y cuán confiable es este mecanismo? En este periodo, el 87% de los arbitrajes fue iniciado por privados y el 13% por el Estado. El monto total reclamado ascendió a S/ 220 millones, pero los tribunales solo concedieron S/ 62 millones –poco más de un cuarto del monto reclamado–, una tasa de éxito baja para el demandante. Esto se constata con mayor claridad al observar que en el 58% de los casos en que...

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