1.
Hace menos de dos semanas, se registró
un nefasto incidente en Loreto, en la comunidad de Bretaña, provincia de Requena.
Un grupo de nativos y colonos, azuzados por supuestos asesores indígenas ajenos
a esta provincia, trataron de tomar las instalaciones de la empresa operadora
del Lote 95 –actualmente el de mayor producción petrolera en la región–. Era la
puesta en escena de la crónica de un delito anunciado, pues los dirigentes de
la protesta lo habían advertido con antelación. A diferencia de lo sucedido con
la Estación 5 del Oleoducto Norperuano (ONP) una semana antes, los
manifestantes no pudieron tomar libremente las instalaciones del Lote 95, pues
los esperaban miembros de la policía nacional y de la fiscalía.
2.
Lo ocurrido la noche del 8 de agosto quedó
grabado gráficamente para la posteridad. En el video que circuló en los medios
de comunicación y en las redes sociales, se observa cómo un supuesto líder
nativo (que después se comprobó que no lo era) precipita el ataque sobre los
funcionarios de la empresa y sobre el destacamento policial. En el medio de la
noche, en el medio de la selva, infringiendo la ley y la propiedad, esta turba
se abalanzó con lanzas sobre los trabajadores y los policías armados, mientras
que otros les disparaban perdigones. ¿Qué consiguieron? Lo que buscaban: sangre
de tres nativos muertos y más de diez heridos, incluyendo policías que fueron
sorprendidos por el ataque.
3.
¿Quién es responsable? ¿O es que no los hay?
Desgraciadamente, en la Amazonía peruana, las protestas por la ausencia del
Estado en este vasto territorio, han tomado la forma de ataques a la industria
petrolera y al ONP. Los daños ecológicos y monetarios causados a lo largo de
los años han sido enormes. La mayoría de los derrames del oleoducto fueron causados
por actos de sabotaje. Pero, con un Estado ausente y sin instituciones públicas
que identifiquen ni persigan a los culpables, en nuestra Amazonía la ley no
prevalece.
4.
El año pasado, cuando estuve al frente
de Petroperú, tratamos de promover el imperio de la ley y el orden firmando
acuerdos de colaboración interinstitucional con el Ministerio Público y con el
Ministerio del Interior. También articulamos esfuerzos para que esta población,
olvidada a lo largo de nuestra historia, empezase a acceder a servicios
públicos básicos. Promovimos el diálogo e, incluso me reuní con algunos de los
que promovieron los desmanes de las últimas dos semanas. La tarea no es fácil,
los retos son multidimensionales, pero no debemos cesar en el esfuerzo de
promover el desarrollo de nuestro país en un marco de paz social y respeto por
la naturaleza.
5.
Es importante tomar consciencia de que los
recientes eventos de la Estación 5 y del Lote 95 no son hechos aislados. Se
trata de nuevos ataques a la industria petrolera, dentro de una secuencia
sistemática de actos contra esta importante fuente de ingresos para Loreto. Esta
región es muy rica en recursos naturales, pero muchos de sus pobladores son
pobres o, incluso, indigentes. Es lógico que esta población demande más
atención del Estado, pero debe hacerlo dentro del marco de la ley. Lo que no es
razonable es que aquellos que dicen velar por los derechos de los nativos
promuevan actos que ponen en peligro la vida de estos últimos o que generan más
pobreza en la región.
6. Para romper con este ciclo, necesitamos fomentar
el diálogo y actuar con firmeza, racionalidad y compromiso social, pero siempre
dentro de los márgenes que imponen orden y la paz que demanda el Perú. El
Estado, aunque muchas veces esté en falta, no puede renunciar al principio de
autoridad. Loreto sí es parte del Perú, actuemos consecuentemente.
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