1. El gobierno de transición que encabezó Francisco Sagasti concluyó con un grado de aprobación sin precedentes: mayor al 50%. Porcentaje muy superior al de los votos obtenidos por cualquiera de los dos candidatos en las últimas elecciones presidenciales (medidos en relación al total de votos emitidos). A pesar de su sobresaliente gestión en el campo de la vacunación –que seguramente salvó decenas de miles de vidas de peruanos–, este lunes por la noche, el ex presidente fue insultado y calificado de “asesino” y “terrorista” por una turba intolerante cuando presentaba su libro “Imaginemos un Perú mejor… y hagámoslo realidad”. Paradójico, por decir lo menos.
2. El evento, en el que también participaba el escritor
Santiago Roncagliolo, se desarrollaba en
una librería en Barranco, pero tuvo que abortarse después de 10 minutos debido al
lanzamiento de bombas de estruendo y gritos contra Sagasti. Si no hubiese sido
por la intervención policial, probablemente se hubiesen producido daños
materiales y puesto en peligro a los asistentes al evento. Este hecho se produjo
pocos días después de que se viralizase un video en las redes donde una mujer
despotrica en una librería en San Isidro contra Sagasti y el librero, a
propósito de que su libro se mostraba en la vidriera de la misma y de que en
ella se habría grabado un video del expresidente.
3. Estos eventos, aunque distan mucho de la noche de la
quema pública de libros en Alemania en mayo de 1933 –cuando estudiantes nazis
manifestaron así su rechazo al espíritu anti alemán de algunos autores–, son
alarmantes y nos tienen que llevar a meditar sobre la peligrosa y creciente polarización
en nuestro país.
4. La intolerancia, la incapacidad para dialogar e intercambiar
ideas con gente que piensa diferente (GQPD) no es consistente con la vida en
democracia. Tampoco ayuda a la transparencia, ni a la rendición de cuentas y,
por lo tanto, no contribuye a la eficiencia de las políticas públicas ni a
luchar contra la corrupción. En efecto, ante las críticas o la expresión de
opiniones discrepantes, se institucionaliza el recurso de la bravocunada o de
la amenaza, poniendo en peligro la libertad de expresión.
5. Para muestra un botón: mi última columna “Petrowars: la cofradía contraataca”,
en que cuestioné el abrupto descabezamiento gerencial ocurrido en Petroperú, no
fue bien recibida por los responsables de estos cambios. Nada raro con eso. Sin
embargo, a los pocos días, recibí una carta notarial en la que se me indica que
mis comentarios “no hacen más que confundir a la opinión pública y afectar la
imagen institucional (…) por lo que le agradeceremos se sirva brindar el debido
sustento de dichas aseveraciones o, en su defecto, abstenerse de realizar
afirmaciones infundadas en perjuicio de la imagen de nuestra empresa,
reservándonos el derecho de evaluar las acciones correspondientes”.
6. Aunque no me he dado el tiempo de contestar la notarial e
inusual misiva, debo señalar a mis lectores que continuaré expresando mis
opiniones –que, en el caso de Petroperú, están fundamentadas y documentadas en
el libro “La tragedia de las empresas sin dueño”, lectura que me atrevo a
sugerir a todos los interesados en nuestras empresas públicas, especialmente a
aquellos a cargo de su conducción en la actualidad–. Sin embargo, lo realmente
importante no es que yo fundamente mis opiniones
–lo cual usualmente hago–, sino más bien que los que ocupan cargos públicos
fundamenten adecuadamente sus decisiones, sin molestarse porque estas sean
cuestionadas por otros peruanos, que pertenecen al grupo de GQPD.
7. Nos toca respetarnos, escucharnos y, también, tenernos
paciencia y actuar con transparencia.
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