1. En los últimos años los conflictos sociales en torno a la explotación de los recursos naturales se han exacerbado. El denominador común de estos es la creencia de que la riqueza generada por la industria extractiva no se comparte de manera equitativa, además de que se afecta negativamente el medioambiente y la calidad de vida de las comunidades aledañas.
2. Nuestro mundo es uno de percepciones, más que de
estadísticas. El que las comunidades que de facto tienen la potestad de otorgar
o no la “licencia social” para explotar nuestros recursos se sientan
ninguneadas, lleva a trancar el juego y a resultados subóptimos. Todos somos
testigos de los conflictos sociales recurrentes, del fortalecimiento de grupos opositores
a la industria extractiva y de cómo el Perú pierde oportunidades y se empobrece
en términos relativos.
3. Si bien muchos de los reclamos sociales son legítimos,
sobre todo los referidos a la falta de provisión de servicios públicos básicos,
esto no justifica socavar la actividad extractiva y la viabilidad de las
empresas dedicadas a la minería, al gas o al petróleo. Vamos a terminar matando
a la gallina de los huevos de oro, literalmente.
4. El Estado debe atender las demandas sociales en las áreas
de influencia de las actividades extractivas; si no es por convicción, por lo
menos por interés: los recursos fiscales dependen de esta actividad.
Evidentemente, también debe brindar garantías a las empresas extractivas y
asegurarse de que estas cumplan con la legislación ambiental y laboral. El
Estado debe legitimarse, pues ha estado ausente en gran parte de este
territorio nacional. Se debe actuar con racionalidad y firmeza, con compromiso
social, priorizando el diálogo, pero siempre dentro de los márgenes que impone
la ley. No se puede renunciar al principio de autoridad, cuando esto ocurre se
produce el descalabro y se agudiza el conflicto.
5. Pero preguntémonos, ¿por qué, si la actividad extractiva
genera recursos para los pobladores, estos se oponen a esta industria? Tal vez
porque este flujo de recursos no es claramente identificable. Focalicémonos en
el caso del canon, que representa la participación de los gobiernos
subnacionales en el total de ingresos obtenidos por el Estado producto de la
explotación de los recursos naturales. ¿Cómo se distribuye el canon? Varía
según la actividad: el del petróleo no es igual al de la minería o al de la
pesca. En el caso de Loreto, la regla de distribución del canon petrolero lleva
a que el Gobierno Regional reciba el 52% de este, mientras que los distritos
productores solo reciben una fracción ínfima del mismo. Por ejemplo, el
distrito de Puinahua –donde hoy se concentra más del 90% de la producción petrolera en la Amazonía (y 30% de la producción nacional)–
recibe solo el 0.33% del canon petrolero y, paradójicamente, no tiene acceso
permanente a energía.
6. Si queremos contribuir a la paz social en la región, es
necesario revisar los criterios de distribución del canon de tal manera que la
población del área de influencia de la actividad petrolera realmente se
beneficie de esta. Esto contribuiría a alinear incentivos y a viabilizar una
actividad extractiva que necesariamente debe ser social y ambientalmente
responsable para poder sobrevivir y crecer.
7. Sin embargo, esto no será suficiente. El Estado debe
cumplir con proveer los servicios públicos básicos que esta población demanda.
¿Se requiere de más gasto público? Sí, pero asegurando estándares mínimos de
calidad. No hay dinero para despilfarrar, hay, más bien, tareas que
realizar.
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