La regulación en energía: parches y más parches

1. El mercado eléctrico es un mercado sumamente regulado. No podría ser de otra manera: la transmisión de electricidad y la distribución del servicio son monopolios naturales y como tales, deben ser regulados. En el caso de la generación, aun cuando en teoría es una actividad competitiva, en la práctica todo está regulado: quién y cuándo genera energía, cómo se forman los precios, cuánto y cómo se puede contratar, bajo qué condiciones, etc.
2. En el mercado de gas natural la cosa es aún peor. No solo el transporte de gas y la distribución son monopolios naturales sino que en la producción del gas natural hoy existe prácticamente un monopolio (Camisea), lo cual obliga a que también deba ser regulada.
3. Pero las autoridades, lejos de poner reglas de juego estables para que los agentes participantes puedan llegar a resultados similares a los de un mercado competitivo, han optado por intervenir continuamente y a veces de manera errática en el mercado energético nacional (electricidad y gas natural).
   
4. En un mercado competitivo los agentes se guían por señales de precios y llegan a a un equilibrio que beneficia tanto a los consumidores como a los productores, a un resultado eficiente. En un mercado regulado de manera adecuada, los precios que se fijen deben reflejar la escasez del recurso (o servicio) en cuestión, pues es esta la señal que debe guiar las decisiones de inversión y consumo. Cuando la señal de precios funciona, se garantiza que no habrá episodios prolongados ni de falta de energía (exceso de demanda) ni de sobrecapacidad (exceso de oferta).
5. En el caso del mercado energético peruano, sin embargo, el Estado ha intervenido sistemáticamente con “parches” en detrimento de la señal de precios. Muchos pueden ya no recordarlo, pero hace unos años se llegó a prohibir la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas para privilegiar las plantas termoeléctricas y hacer viable el desarrollo de Camisea. Luego, cuando el Estado quiso incentivar la inversión en plantas de reserva, se establecieron las subastas de “reserva fría” con subvenciones que pagamos todos en nuestros recibos de energía eléctrica. Cuando el Estado quiso incentivar la construcción de nuevas plantas hidráulicas, se usó a Electroperú como intermediario para comprar la energía, pero a costa de generarle pérdidas cuantiosas a la empresa del Estado. Cuando se quiso incentivar las energías renovables, aparecieron las denominadas “subastas RER”, que otorgan subsidios a estos proyectos con cargo a las tarifas eléctricas que pagamos. Y menos mal que se detuvo la licitación de la central de Quillabamba, que solo era viable con un nuevo “parche” de ingresos garantizados.
6. Pero tal vez el ejemplo más elocuente de la intervención estatal para forzar inversiones divorciadas de las señales de mercado lo constituye el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Esta obra nunca se habría hecho sin mediar la intervención del Estado que le ha garantizado ingresos al GSP con cargo a – ¡qué sorpresa! – las tarifas eléctricas que todos pagamos.
7. En el mercado energético peruano, hace tiempo que se perdió la señal de precios. El Estado ha generado una sobreoferta de electricidad por lo que los precios mayoristas tienden a la baja, pero paradójicamente las tarifas reguladas tienden al alza. El reto para el nuevo gobierno es ver cómo hace para recuperar una señal de precios que promueva un crecimiento sano del sistema sin seguir apelando a “parches” que solo distorsionan el mercado y afectan a los consumidores.