"Los Decretos de Urgencia y Petroperú"

 

Fuente: Diario Gestión

1. En los tres años que siguieron a la desastrosa gestión de Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, se recurrió a cuatro Decretos de Urgencia (DU) para inyectarle recursos fiscales a la empresa. En conjunto, estos decretos otorgaron más de S/ 10,000 millones en préstamos, aportes de capital y garantías (estas últimas han venido ejecutándose silenciosamente desde junio de este año).
2. ¿Qué se logró con este enorme esfuerzo fiscal? Nada positivo; no se reestructuró la empresa, se perforó las finanzas públicas y se generaron incentivos perversos para seguir haciendo más de lo mismo. Estos resultados no deberían ser sorprendentes. Los DU fueron utilizados para mitigar las consecuencias de un problema de gestión, no para solucionarlo; es más, se ha argumentado que estos DU son inconstitucionales. 
3. Este martes, el Tribunal Constitucional escuchó los alegatos de las partes en el proceso de la inconstitucionalidad del último de estos DU planteada por el Colegio de Abogados de Arequipa y representada por el Dr.  Walter Gutiérrez. En los últimos meses tuve la oportunidad de compartir mi opinión y conocimiento sobre Petroperú con ellos. El DU en cuestión es inconstitucional, entre otros factores, debido a que la situación que lo motivó no era imprevisible, como lo manda la Constitución.
4. La crisis financiera de Petroperú era plenamente conocida antes de la publicación de estos DU. En el 2019, siendo presidente del directorio de Petroperú, corroboré con representantes de más de 10 bancos de inversión –a quienes convocamos para ayudarnos a atraer capital privado– que la construcción de la nueva refinería de Talara había destruido el valor patrimonial de la empresa y que era necesario inyectarle capital, pues esta se encontraba fuertemente sobreendeudada.
5. Imagínese usted la situación financiera de Petroperú después del COVID-19 y de los más de US$ 2,000 millones de pérdidas acumuladas en el trienio 2022-2024. Haber recurrido a DU para endeudar aún más a la empresa –y, consecuentemente, a todos los peruanos– fue un claro despropósito. Solo se buscó resolver las recurrentes crisis de liquidez, sin corregir el problema de gobierno corporativo y gestión, la causa raíz del problema. 
6. Los aportes de capital otorgados a través de estos DU constituyen un financiamiento del déficit de Petroperú, el cual representó 0.5% del PBI en el 2024. Esto explicó el 71% del desvío del déficit del sector público respecto a la regla fiscal. De hecho, los aportes de capital a Petroperú representaron el 25% del incremento de la deuda pública entre el 2021 y el 2024. Esto pone en evidencia que el problema de Petroperú es un problema de todos los peruanos. 
7. La demanda de inconstitucionalidad presentada ante el TC goza de una sólida base jurídica y de racionalidad económica. Esperemos que, esta vez, el fallo del TC contribuya a evitar que se repitan situaciones como las aquí analizadas.