Memorándum económico

Fuente: Diario Gestión Hace 50 años, nos encontrábamos inmersos en la primera fase del gobierno militar de los años 70. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado había implementado una serie de “reformas estructurales” que incrementaron significativamente el rol del Estado en la economía y debiltaron el rol del mercado y de la inversión privada. La estabilidad macroeconómica todavía no se había puesto en peligro, aunque pronto los crecientes desequilibrios fiscales nos conducirían al descalabro macroeconómico: inflación, creciente endeudamiento público y recurrentes crisis de balanza de pagos, con la consecuente reducción del crecimiento y del ingreso per cápita. Los 70 y los 80 fueron dos décadas perdidas para el Perú. Involucionamos como nunca antes. A pesar de que las políticas públicas de aquellos años habían auyentado a los inversionistas privados y de que el dinamismo de la economía dependía cada vez más del gasto y la inversión pública, pareciera que los peruanos no fuimos c...

  Fuente: Diario  Gestión En menos de cuatro semanas, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución, la presidente Dina Boluarte deberá dirigir su primer mensaje a la nación de 28 de julio. Para entonces, a la señora Boluarte le quedarían 36 meses de gobierno, periodo superior al que tuvieron sus cinco últimos prededesores: Kuczynski (20 meses), Vizcarra (31 meses), Merino (0.2 meses), Sagasti (8 meses) y Castillo (16 meses). El promedio en el poder de los cinco presidentes que la precedieron fue de 15.2 meses; ella podría llegar a casi 44, más del doble –casi el triple– que la media de sus antecesores inmediatos. Por lo tanto, es razonable esperar, exigir, que la presidente cumpla con el mandato constitucional de presentarnos una “exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso” (artículo 118, inciso 7). Si la presidente Boluarte permanecerá en el poder p...

  Fuente: Diario Gestión La brecha de infraestructura en el Perú se ha incrementado durante los últimos años.  El esfuerzo de inversión pública no es suficiente para enfrentar este reto en un marco temporal razonable. Se requiere también la participación del sector privado. Existen muchos proyectos exitosos en este campo, como aeropuertos, puertos, concesiones viales, obras de irrigación, y un sinnúmero de obras en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones.   Sin embargo, el escándalo Lava Jato ha tenido consecuencias nefastas sobre la promoción de la inversión privada como un instrumento para reducir la brecha de infraestructura. Este freno a la participación del sector privado se ha dado a pesar de que la corrupción afectó tanto a las concesiones como a las obras de inversión pública tradicional. El comportamiento de la Contraloría y de la Fiscalía tampoco ha contribuido. Constatamos cómo los organismos de control cuestionan decisiones pasadas utilizando infor...

  Fuente: Diario Gestión Muchos peruanos, por diversas razones, creen que la Constitución del 93 debe modificarse, en particular, el Capítulo Económico. Gran parte de los que así opinan consideran que la actividad empresarial del Estado no debe limitarse al rol subsidiario, sino que hay sectores “estratégicos” que ameritan la presencia del Estado como empresario. Supuestamente, esto permitiría que el Estado se convierta en uno de los motores del desarrollo y contribuya a la transparencia y la equidad en el mercado al frenar el “abuso” de las empresas privadas. En la otra orilla se encuentran los opositores a que el Estado asuma un rol empresarial allí donde la empresa privada puede atender la demanda del mercado. Su visión, además de reflejar un sesgo ideológico que favorece la libertad empresarial y desconfía del Estado, también responde a los pobrísimos resultados que nos han dejado las empresas públicas a los peruanos a lo largo de los años. A los desastrosos resultados de los a...

  Fuente: Diario Gestión La pérdida de dinamismo de la economía peruana es notoria. El crecimiento potencial estimado de nuestra economía se ha reducido a menos de la mitad en los últimos diez años. Parte importante de esta caída se explica por la desaceleración de la inversión, sobre todo aquella en la industria extractiva.  Inversiones por decenas de miles de millones de dólares no se ejecutan debido a que no se logra obtener la denominada licencia social. La conflictividad social no solo afecta a la inversión, también aflige a la producción del sector extractivo. Lo hemos verificado recientemente con los constantes problemas del corredor minero y con la paralización de las operaciones del oleoducto durante más de un año.  Si la industria extractiva hubiera obtenido la licencia social requerida para operar e invertir con normalidad en la última década, nuestra economía probablemente hubiese crecido entre 1% y 2% más al año. Esto hubiese implicado más de treinta mil mill...

  Fuente: Diario Gestión  ¿ Qué tienen en común la Controlaría General de la República (CGR), la Fiscalía y la prensa en nuestro país? Entre otros objetivos, estas instituciones buscan combatir la corrupción y muchos de los que trabajan en ellas buscan progresar profesionalmente identificando y promoviendo la sanción de aquellos que infringen la ley, sobre todo de los que trabajan en el sector público. Hasta aquí, todo muy bien. Desgraciadamente, también tienen en común el hecho de que no se hacen responsables por los daños que causan a personas inocentes acogiendo o promoviendo denuncias sin sustento; tampoco miden las consecuencias negativas de sus actos para la economía y la sociedad como un todo; y, en la práctica, no son sujetos de sanciones ni están obligados a hacer reparaciones por los daños individuales y públicos que generan. En los últimos cinco años he escrito algunos artículos de cómo las acciones de la CGR y de la Fiscalía contribuyen a la parálisis del sector ...

  Fuente: Diario Gestión Desde la segunda mitad del siglo XX, Perú se ha posicionado como una potencia pesquera a nivel mundial. En el año 2022, nos ubicamos como el segundo país en términos de volumen de captura. Sin embargo, se puede argumentar que somos una potencia pesquera a pesar de nosotros mismos, a pesar de la informalidad y de la ausencia de un Estado supervisor que asegure la sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos –con la notable excepción de la anchoveta. Al igual que muchas otras actividades productivas, el sector pesquero puede caracterizarse como un “sector dual”. En él conviven un sector industrial moderno, sostenible y rentable; y un sector artesanal, predominantemente informal, no regulado en la práctica, con productividad decreciente y en el que la sostenibilidad no está asegurada. Sin embargo, dicha dualidad no surge de la falta de acceso a capital del sector artesanal. De hecho, hay una sobreinversión en esta flota, la cual se encuentra sobredimens...