Todos los días los peruanos constatamos con frustración o con rabia que el Estado no provee los bienes y servicios públicos básicos que demandamos. Esto lo vemos en las ciudades, donde la inseguridad ciudadana y el tráfico se han vuelto problemas mayúsculos, donde la provisión de servicios de salud y educación pública deja mucho que desear, y mejor ni hablar del sistema de justicia… Si esta frustrante realidad es la que confrontamos en las ciudades, tratemos de imaginarnos la que enfrentan los millones de peruanos que viven en áreas rurales, en donde la provisión de bienes y servicios públicos es casi nula o de pésima calidad. Esta realidad situacional refleja, sobre todo, el hecho que tenemos un Estado disfuncional que no provee muchos de los servicios básicos que debería y trata de hacer cosas que no debería. Su problema principal no es la falta de recursos presupuestales, sino la estructura de incentivos perversos bajo la cual actúan (o no actúan) los funcionarios públicos.
Carlos E. Paredes PhD // Gestión