Memorándum económico

Debo empezar por aclarar que soy católico; sin embargo, no escribo este artículo debido a mi credo, sino como miembro de un equipo de economistas que está tratando de cuantificar el valor económico de la labor social de la Iglesia Católica en el Perú. ¿Por qué hacer esto en un mundo cada vez más laico y en donde continuamente se levantan dedos acusadores contra esta institución? ¿Acaso los escándalos en torno a la pedofilia y a su encubrimiento alrededor del mundo no sugieren que tratar este tema es una mala idea? En mi opinión, es justamente ahora, en un momento de cuestionamiento y desencanto con la Iglesia Católica, cuando debemos saber diferenciar a la institución de las personas. Las personas de la Iglesia que han delinquido, por obra u omisión, merecen y deben ser castigadas, por la justicia común, como cualquier otro ciudadano.  Pero, ¿qué hacemos con la Iglesia Católica? ¿Es culpable de los actos de algunos de sus miembros? En mi opinión, al igual que las empresas involu

Hace cerca de dos años escribí un artículo sobre cómo la acción de la Contraloría General de la República (CGR) contribuía a la inacción del Estado. La mayor parte de los funcionarios públicos ganan poco al tomar decisiones, pero pueden perder mucho, generándose así el “pánico a firmar”. En efecto, si la CGR, mediante una acción de control expost, determina que el funcionario cometió una falta al tomar una decisión, puede sancionarlo de manera significativa. Para muchos, la posible sanción implicaría un deterioro significativo en su bienestar. Esta estructura de incentivos es perversa, pues conlleva a la parálisis del sector público y a la relentización de la economía. En aquel entonces señalaba: “La Contraloría parece no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan. En la práctica, la Contraloría ha prohibido equivocarse por acción (no por omisión), bajo amenaza de denuncia penal. Y