- Debo empezar por aclarar que soy católico; sin embargo, no escribo este artículo debido a mi credo, sino como miembro de un equipo de economistas que está tratando de cuantificar el valor económico de la labor social de la Iglesia Católica en el Perú. ¿Por qué hacer esto en un mundo cada vez más laico y en donde continuamente se levantan dedos acusadores contra esta institución? ¿Acaso los escándalos en torno a la pedofilia y a su encubrimiento alrededor del mundo no sugieren que tratar este tema es una mala idea? En mi opinión, es justamente ahora, en un momento de cuestionamiento y desencanto con la Iglesia Católica, cuando debemos saber diferenciar a la institución de las personas. Las personas de la Iglesia que han delinquido, por obra u omisión, merecen y deben ser castigadas, por la justicia común, como cualquier otro ciudadano.
- Pero, ¿qué hacemos con la Iglesia Católica? ¿Es culpable de los actos de algunos de sus miembros? En mi opinión, al igual que las empresas involucradas en graves actos de corrupción, su supervivencia depende de que no sean cómplices de unos malos elementos (accionistas, directores, gerentes o empleados). No puede haber perdón si primero no hay un mea culpa y un real propósito de enmienda.
- En un país con instituciones tan débiles como el Perú, resulta interesante recordar que la Iglesia Católica es una de las instituciones más longevas que tenemos. Su presencia en nuestro territorio se acerca a los 500 años, casi 2.5 veces la vida de nuestra república. En la terminología de Acemoglu y Robinson (“¿Por qué fracasan las naciones?”), a lo largo de su vida, la Iglesia se ha comportado en algunas ocasiones como una institución extractiva y en otras como una institución inclusiva. Sin embargo, me atrevo a pensar que, hoy, la Iglesia es predominantemente una institución inclusiva.
- Los programas sociales de la Iglesia sirven muchas veces como vehículos de redistribución de recursos. Por un lado, la Iglesia complementa al Estado en su rol de recaudador: las donaciones (monetarias y en especie), realizadas por sus miembros e instituciones amigas, constituyen recursos para la ejecución de proyectos en favor de los grupos de personas con menos oportunidades. Por otro lado, cuenta con una importante red institucional para redistribuir dichos recursos, llegando a un sinnúmero de escuelas, centros de salud, orfanatos y refugios, entre otros, y a lugares a donde el Estado muchas veces no llega.
- Uno de los ejemplos más conocidos es la red de colegios de Fe y Alegría, cuyos alumnos tienen un rendimiento superior a los de otros colegios públicos. Esta red atiende a más de 85 mil estudiantes en 81 colegios a nivel nacional. Por otro lado, la Teletón, iniciativa de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a lo largo de los años, ha permitido financiar el apoyo a miles de niños con discapacidades físicas. Asimismo, Cáritas del Perú, solo en el año 2017, apoyó a más de 87,500 familias. Además, están las universidades y colegios privados de excelente calidad, entre otros muchos ejemplos, cuyos beneficios permanecen sin cuantificar.
- La falta de un registro unificado de las actividades de las diócesis de la Iglesia Católica, dificulta medir el impacto de su labor social. Sin embargo, la información que vamos recabando permite señalar que este es significativo, sobre todo cuando se compara con algunos programas públicos. Espero que estas líneas nos ayuden a ver la necesidad de separar a las instituciones de las personas; no destruyamos innecesariamente a instituciones que contribuyen al desarrollo nacional y a la cohesión social.
Fuente: Diario Gestión Los hechos demuestran que los funcionarios públicos ganan poco al tomar decisiones, pero pueden perder mucho cuando toman riesgos y deciden sobre un tema controversial. La consecuente inacción –explicada por “el pánico a firmar”– trae pocas consecuencias personales para los burócratas, pero termina siendo extremadamente perjudicial para la sociedad. El que no se tomen decisiones o que estas demoren una eternidad perjudica la provisión de bienes y servicios públicos y traba el funcionamiento del sector productivo. En esta ocasión, nos concentraremos en la relación entre el pánico a firmar y los arbitrajes del sector público. También nos referiremos a las decisiones insensatas de algunos políticos y los consecuentes arbitrajes que ocasionan. En ambos casos, los peruanos perdemos mucho. La renuencia a tomar decisiones y enfrentar enormes riesgos personales, ha llevado desde hace muchos años a que los funcionarios prefieran dejar que la decisión la tome un tribunal
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