- Hace cerca de dos años escribí un artículo sobre cómo la acción de la Contraloría General de la República (CGR) contribuía a la inacción del Estado. La mayor parte de los funcionarios públicos ganan poco al tomar decisiones, pero pueden perder mucho, generándose así el “pánico a firmar”. En efecto, si la CGR, mediante una acción de control expost, determina que el funcionario cometió una falta al tomar una decisión, puede sancionarlo de manera significativa. Para muchos, la posible sanción implicaría un deterioro significativo en su bienestar. Esta estructura de incentivos es perversa, pues conlleva a la parálisis del sector público y a la relentización de la economía.
- En aquel entonces señalaba: “La Contraloría parece no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan. En la práctica, la Contraloría ha prohibido equivocarse por acción (no por omisión), bajo amenaza de denuncia penal. Y lo que ha logrado es trabar al Estado, nada más.” En efecto, el temor a la Contraloría es omnipresente en el Estado, pero este no ha prevenido la corrupción, aunque sí ha llevado a la inacción.
- Desde entonces, se cambió al Contralor; en julio de 2017, Nelson Shack asumió el reto de la CGR. Debía convertir a esta institución de un ogro paralizante a un instrumento eficiente de control y de lucha contra la corrupción. La verdad es que el récord de la CGR que heredó Shack deja mucho que desear: a pesar del alto costo que tuvimos que pagar en términos de inacción, no fue efectiva en combatir la corrupción. Los escándalos en torno a esta enfermedad así lo atestiguan.
- Hace poco asumí la presidencia de Petroperú y lo hice con el objetivo de tomar decisiones para ayudar a enrumbar a la empresa. Sin duda, en el pasado se tomaron decisiones equivocadas, desde dentro de la empresa como desde los gobiernos que tuvieron injerencia en las decisiones que se tomaron. Como es de conocimiento público, el proyecto de modernización de la refinería de Talara es un proyecto de inversión pública muy grande, el más grande del país en la actualidad. Este proyecto ha sufrido una demora significativa y, por lo tanto, ha incurrido en una serie de sobrecostos, que lo hace incluso menos beneficioso que el ya bajo nivel de rentabilidad esperado cuando fue aprobado. Para parar la sangría hay que tomar decisiones.
- ¿Cómo tomar decisiones sin exponernos a ser acusados sin razón, en un futuro incierto, por algún funcionario que lejos de buscar la verdad, solo persiga su cuarto de hora de fama? ¿No firmando? ¿Dejando todo a un arbitraje que proteja a los funcionarios, pero que también encarezca el proyecto de manera inaudita? Cada mes de retraso nos cuesta varias decenas de millones de dólares, solo por lo que dejamos de ganar.
- Shack ha instaurado una nueva forma de control: el control concurrente. Esta puede ser una salida para proyectos como el de Talara. Ayer visité al Contralor en sus oficinas y la próxima semana expondremos a su equipo la situación del proyecto y la solución propuesta. Con sus aportes, expondremos la vía de solución a otras instancias del gobierno y al público en general, con transparencia. Estoy seguro que con esfuerzo y perseverancia resolveremos los problemas de este megaproyecto. Sin embargo, ¿qué pasará con los cientos o miles de proyectos de inversión pública, que por su reducido tamaño, no tienen acceso al control concurrente? Tras pensar en esto, veo que el megaproblema que tengo entre manos es un “chancay de a 20”, al costado del de Nelson…¡Que la Fuerza nos acompañe!
Excelente decisión, la coordinación es muy importante entre los sectores para solucionar todo tipo de problemas.
ResponderEliminarEl control concurrente, no exime al funcionario de las responsabilidades posteriores y no se ha implementado recién, es una de las formas de control establecidas en el Sistema Nacional de Control, al final quién gestiona y toma decisiones es el funcionario. La Contraloría no puede asumir la posición del Gestor y dictar la forma en el que este tome las decisiones. Tanto el control previo como el simultáneo son funciones inherentes de los gestores y el funcionario debe hacerse responsable de esas decisiones. De lo contrario, la solución sería que los Auditores de Contraloría sean los que gestionen las instituciones públicas. El tema realmente pasa porque la Contraloría debe establecer criterios más rigurosos a la evaluación de la calidad de los Informes de Control de Desviaciones actuales y no dejar que los auditores de campo desarrollen observaciones que no cumplen con las condiciones básicas como son Condición, Criterio, Causa y Efecto y que además las evidencias o pruebas pre constituidas de una auditoria tienen que ser pertinentes y competentes. Al no ser pertinentes y carecer de una calidad adecuada, muchas recomendaciones devienen no implementable o de tal magnitud en el tiempo que muchas veces deja de ser importante. De la misma manera el uso de estas observaciones y recomendaciones sin un adecuado control de calidad, le da instrumentos a las procuradurías para la persecución de los funcionarios públicos hayan incurrido en error o no, criminalizando la gestión pública y el error en la gestión, generando altos costos económicos, sociales, al ser que muchos de los casos al no tener la debida calidad, son desestimadas en los diferentes niveles de los procesos (Fiscalía y Poder Judicial).
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