1. El 4 de
diciembre, producto de las protestas relacionadas al agro moderno, el Congreso
de la República derogó, apresuradamente, el régimen promocional que beneficiaba
a la actividad agroexportadora. En vez de perfeccionar un régimen que había beneficiado
a cientos de empresas y generado cientos de miles de puestos de trabajo formal
en el agro moderno, en zonas rurales y a personas con poca o nula educación, se
optó por eliminarlo. Es más, el Congreso se autoimpuso un plazo perentorio para
legislar sobre la materia –15 días– y ahora se siente prisionero de sí
mismo y se alista a aprobar una nueva ley en los próximos tres días.
2. Así el
Legislativo no solo se habría apresurado para derogar una ley que regía la
actividad de cerca de un millón de trabajadores, sin haber identificado y
diseñado una mejor opción, sino que ahora se apresura para aprobar una nueva
ley que afectará el bienestar de este importante segmento de la población y
sector de la economía. Tal vez es un buen momento para respirar profundamente,
pensar, y actuar con racionalidad.
3. Los
diferentes borradores del proyecto de ley que han sido elaborados por la
Comisión de Agricultura del Congreso incluyen medidas que no solo pondrían fin
al boom agroexportador más importante de nuestra historia, sino que empujarían
a cientos de miles de trabajadores a la informalidad. Como bien sabemos, el
camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No pongo en duda las
buenas intenciones de muchos de los legisladores, como tampoco dudo de que una
norma de este tipo truncaría muchos de los sueños de las familias de los
trabajadores que laboran en el campo.
4. El último
proyecto de norma busca mejorar los ingresos de los trabajadores mediante una
ley que choca abiertamente con la ley de la oferta y a la demanda. Pareciera
que nuestros bien intencionados legisladores, consideran que sus leyes son más
fuertes que la ley básica del mercado. Se olvidan que en un país donde prima la
libertad de empresa, no se puede obligar a contratar y pagar a trabajadores un
salario que está por encima del valor de su productividad. La razón es simple: pagarle
a un trabajador más de lo que genera, causa pérdidas a la empresa, por lo que
esta dejará de realizar las actividades que –producto de la norma– dejarán
de ser rentables.
5. El
Articulo No. 3 del referido proyecto de ley decreta –entre otras
cosas– que se otorgue una bonificación especial por “el
tiempo de traslado” que equivale al 25% de la RMV, a lo cual se añade una
extraña fórmula para calcular la remuneración diaria (que se paga los 30 días
del mes, pero se calcula como si el mes tuviese solo 25 días), otorgándose así
un aumento adicional del 20%. El proyecto de norma incrementaría el costo
laboral en cerca de 50%.
6. A fin de
ilustrar las consecuencias de esto, partamos de que la mano de obra representa
el 50% del costo de producción. Los espárragos, alcachofas y pimientos, que
empezaron el boom exportador, cuyos márgenes oscilan hoy entre 10% y 12%
pasarían automáticamente a -13%. Al
arándano, la más reciente estrella del portafolio, el incremento lo dejaría en punto
de equilibrio. En el caso de los
frutales (paltas, mandarinas), que utilizan menos mano de obra, el golpe sería
menor, pero reduciría mucho el retorno de futuros proyectos. En resumen, estaríamos condenando al boom
agroexportador y más de un millón de puestos de trabajo formal a desaparecer.
Protejamos a nuestros trabajadores, cuidemos a nuestras empresas formales,
fomentemos la inversión. ¡No caigamos en el agropopulismo!
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