La mala leche, el mercado y nuestros liberales

1. ¡Qué mala leche!” concluía amargamente un amigo al comentar el escándalo de Pura Vida, la leche –bueno, casi leche– que estaba bien etiquetada aquí, pero no allá y que ahora, al parecer, tampoco lo está aquí, aunque no queda muy claro por qué. Sin duda, el affaire Pura Vida puso al descubierto muchas falencias de nuestra realidad institucional, así como de algunas posiciones supuestamente promercado.
   
2. En este caso, el actuar de nuestras instituciones públicas fue lamentable. Indecopi, DIGESA, el Ejecutivo, el Congreso, todos –pero todos– se encargaron de desconcertar a los peruanos. Si algo quedó claro es que no tenemos reglas de juego estables, que el debido proceso es algo que los funcionarios públicos se pueden saltar si las papas queman, que a algunas autoridades les falta convicción y/o respaldo político para defender y hacer valer sus decisiones. Desgraciadamente, todo esto refleja una importante falta de liderazgo y coordinación en el Ejecutivo, la cual permea a oficinas técnicas que deberían ser ajenas al vaivén político.
   
3. Sin duda, nuestras instituciones públicas son muy débiles. Y cuando actúan tan torpemente como la semana pasada, se generan muchas dudas sobre la importancia de contar con ellas y el rol que les toca jugar en una economía social de mercado como la que venimos forjando desde hace algo más de cuarto de siglo.
   
4. En los últimos días, importantes líderes de opinión proempresa han expresado su total disconformidad con estas instituciones. Por ejemplo, Federico Salazar afirmó: “Hay que cerrar la puerta de algunas instituciones del Estado. No sirven y no las utilizamos. El caso Pura Vida lo demuestra. (…) Instituciones como Indecopi y Digesa atentan contra la seguridad jurídica...” Por su parte, Franco Giuffra sentenció: “Las exigencias demagógicas se han multiplicado sobre la base de imaginar un consumidor desprotegido, ignorante e incapaz de decidir por su cuenta. De esas incursiones regulatorias han surgido cosas como el registro sanitario, que no sirve para nada. O las crecientes obligaciones de consignar cada vez más información nutricional y alergénica, que encarece los productos e impide la competencia…”
   
5. En esta oportunidad, creo que estos reputados columnistas se dejaron guiar por la frustración generada por el actuar de instituciones públicas débiles. Sin embargo, es importante recalcar que el mercado no funciona adecuadamente sin este tipo de instituciones. Ser promercado no es lo mismo que ser proempresa. Una actitud promercado implica promover un mercado competitivo, en el que confluyan consumidores bien informados, en el que las empresas compitan efectivamente, acatando reglas sensatas y estables, y en el que los reguladores cumplan su rol técnico, con independencia y con los recursos humanos y financieros que requieren.
   
6. Hace pocos días tuve la oportunidad de leer un ensayo crítico sobre nuestros “econolawyers” y la adaptación que han hecho del análisis económico del derecho al Perú. El autor citaba al recordado profesor Enrique Elías Laroza, quien, profetizando los tiempos actuales, señalaba que “los peores enemigos del mercado son los que exigen la liberalización de las fuerzas del mercado a rajatabla. Quieren aplicar la receta con tal virulencia, con tal dogmatismo que parece que su verdadero propósito fuese el que todo ello fracase lo más rápido posible…”. En efecto, lo que buscamos es una economía social de mercado y no una anomia ultraliberal, en la que fácilmente germinen las semillas antimercado.