Derechos de pesca bajo la lupa

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1. Al analizar el sector pesca, es importante preguntarnos: ¿Por qué si contamos con una abundante y variada dotación de recursos marinos, no hemos sido capaces de generar más riqueza con su usufructo? ¿Por qué la mayor parte de nuestros pescadores no accede a tecnologías modernas y vive con ingresos muy bajos? ¿Por qué nuestras amas de casa no cuentan con una amplia gama de productos pesqueros a precios asequibles? Probablemente, porque además de la abundancia de especies marinas, también abunda el desorden. Desgraciadamente, la debilidad institucional, la informalidad y la improvisación han caracterizado a este sector durante mucho tiempo.
2. Justamente por esto, resulta indispensable enfrentar con ánimo y firmeza el reto de aprovechar plenamente nuestra riqueza hidrobiológica y convertirnos en una potencia pesquera y acuícola mundial. Pero, para ello, se necesita que la gestión de nuestras pesquerías cuente con más y mejores recursos humanos, institucionales y de capital. ¿Cómo financiar este esfuerzo en lo que respecta al sector público? ¿Lo haremos con los derechos de pesca, provenientes de la renta atribuible a los recursos marinos, que son de propiedad de la nación? O, más bien, ¿trataremos de hacerlo requiriendo una porción más grande del presupuesto nacional? ¿Acaso resulta razonable financiar la gestión pesquera (prospección, investigación, supervisión, infraestructura) compitiendo por recursos fiscales con sectores como salud, educación o seguridad interna?
3. En el pasado reciente, los derechos de pesca han financiado menos del 20% del costo que la gestión pesquera le ha implicado al Estado. Sin duda, estos derechos eran muy bajos; en algunos casos, resultaban ínfimos en relación al valor del recurso en cuestión. A través del diálogo, a lo largo de varios años, se ha generado diversos consensos en torno a este tema. Por ejemplo, ahora se considera razonable que la renta atribuible al recurso sea compartida entre el dueño del recurso (todos los peruanos) y el que lo explota (el empresario privado), y que la parte que va al sector público se invierta en mejorar la gestión pesquera.
4. Asimismo, dado que la renta del recurso depende del precio y del volumen extraído, la revisión de los derechos de pesca que viene haciendo el PRODUCE ha incorporado estos conceptos en la pesca industrial de anchoveta. Para el caso de algunas pesquerías dedicadas al consumo humano directo –como anchoveta para CHD, merluza y anguila–, donde este derecho era extremadamente bajo en relación a su precio, se ha propuesto incrementarlo significativamente. La política es clara: todos los que explotan un recurso público deben pagar por su usufructo. Es justo, resulta razonable. 
5. El PRODUCE ha tenido la sensatez de prepublicar las normas que venía preparando, y de someterlas a escrutinio por los diferentes actores involucrados en esta problemática. ¡Enhorabuena!, pareciera que las normas publicadas entre gallos y medianoche han quedado en el pasado. Sin embargo, todavía hay mucho por trabajar. Falta determinar con precisión el uso de los recursos provenientes de los derechos de pesca, y cómo se asegurará la asignación eficiente y transparente de los mismos. Asimismo, es importante continuar con la revisión de los derechos de pesca en otras pesquerías. 
6. Contrario a lo que algunos piensan, esta reforma no pretende fijar rentabilidades máximas para el sector privado ni disminuirá la competitividad del sector. Más bien, si los recursos provenientes de los derechos de pesca se invierten bien –por ejemplo, en mejorar la gobernanza y fomentar la innovación– es muy probable que la competitividad y la sostenibilidad del sector como un todo mejoren.