El Oleoducto bajo ataque

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1. Hace dos semanas, se registró un nuevo derrame en Ramal Norte del Oleoducto. Toda la información con que se cuenta hasta el momento permite concluir que se trata de un nuevo acto de sabotaje contra dicha infraestructura, el cual tiene consecuencias nefastas para el ecosistema amazónico, las comunidades nativas de la zona, y la industria petrolera del país. 
2. Ante la repetición y gravedad de estos actos vandálicos, es importante reflexionar sobre la naturaleza del problema que estamos enfrentando. ¿Por qué estas comunidades, cuyo bienestar está íntimamente ligado a la salud del ecosistema en que viven, sabotearían el oleoducto y buscarían que el derrame se propague y llegue al río Marañón? No tiene sentido. El nativo de a pie, no puede querer esto. 
3. Sin embargo, cuando el personal de Petroperú identificó el derrame de manera temprana, y trató de aplicar el plan de contingencia correspondiente, un grupo de pobladores no permitió que los trabajadores de la empresa realizasen el trabajo de mitigación requerido. Solo recién varias horas después, y luego de que se vertiese innecesariamente un volumen importante de crudo en una quebrada que desemboca en dicho río, se pudo colocar una grapa provisional e instalar barreras de contención, pero los trabajos finales y las labores de limpieza y remediación de la zona siguen sin poder realizarse. 
4. Es importante enfatizar que el evento bajo análisis no es un hecho aislado; se trata de un ataque más, dentro de una secuencia de sabotajes sistemáticos contra el oleoducto, un activo crítico nacional (ACN) que carece del debido resguardo. Esto último contrasta con la protección que nuestras FF.AA. brindan al gasoducto que transporta el gas de Camisea hacia la costa. Si el gasoducto no contase con la protección requerida, cerca del 50% de la generación eléctrica del país estaría en peligro. Al no contar con la protección que requiere el oleoducto, la viabilidad de la industria petrolera está en peligro.
5. Sin duda, la solución del problema no solo radica en brindar la seguridad requerida al ducto, aunque sin duda es un elemento esencial de esta. Se requiere de una estrategia integral que enfrente la compleja realidad que está detrás de esta problemática. Resulta indispensable que el Estado brinde bienes y servicios públicos mínimos a las comunidades nativas de la Amazonía, como lo hace en otras partes de territorio nacional. Nuestro Estado debe legitimarse, pues la verdad es que ha estado ausente en gran parte de este territorio. También es cierto que hoy, después de más de 40 años de explotación de hidrocarburos en la Amazonía, muchas de las comunidades de las zonas donde operan las empresas petroleras no perciben que su bienestar se haya incrementado, sino más bien que se ha deteriorado. 
6. Junto al MINEM, el MEF y la PCM, Petroperú está trabajando en esbozar una estrategia de esta naturaleza, identificado los diferentes instrumentos de política, los distintos actores que deben formar parte de ella y los costos de la misma. Hay mucho por trabajar, estamos pagando las consecuencias de décadas de olvido, pero también es cierto que estamos enfrentando a algunos líderes –no todos– que pueden estar motivados por incentivos perversos generados por las soluciones cortoplacistas que se dieron en el pasado a actos de sabotaje similares al aquí analizado. 
7. Necesitamos actuar con racionalidad y firmeza, con compromiso social y fomentando el diálogo, pero siempre dentro de los márgenes que imponen orden y la paz que demanda el Perú. El Estado no debe, ni puede, renunciar al principio de autoridad, aunque esté en falta.