1. El viernes pasado, el MEF publicó el
Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024 y también el proyecto de
presupuesto del sector público para el próximo año. Ambos documentos son
cruciales para analizar la política económica planteada por el gobierno. El MMM
debió ser publicado en mayo, como ocurre desde el año 2000. Seguramente por la
enorme incertidumbre reinante respecto a la probable evolución de la economía
en el periodo 2020-2021 y sobre cuál constituía la respuesta adecuada de
política económica, las autoridades decidieron no publicarlo.
2. Ante la suspensión temporal de las
reglas fiscales dictada por el gobierno en abril, el Consejo Fiscal señaló que
las medidas que se adoptasen para enfrentar el shock económico debían ser transitorias
(rápidamente reversibles) y que superar el límite de endeudamiento de 30% del
PBI no generaría un problema de sostenibilidad fiscal, si es que se iniciaba un
proceso de consolidación fiscal tras la crisis. Sin embargo, también demostró lo
difícil que resultaba hacer proyecciones a comienzos de junio, al señalar que
la caída del PBI probablemente estaría entre 10% y 20% este año (rango que no
ayudaba a reducir la incertidumbre).
3.
Hoy, a menos de cuatro meses de culminar
el año, los documentos publicados la semana pasada deberían contribuir a
reducir la incertidumbre y aclarar el panorama. Pero, todavía quedan muchas dudas
que las autoridades deberían aclarar.
4.
El MEF proyecta que el déficit este año
superará el 10% del PBI y señala que esto sería producto del activismo fiscal
que viene desplegando. Sin embargo, al revisar la ejecución presupuestal a
agosto de este año, se observa que el gasto público es casi igual con respecto
al mismo periodo del año anterior: solo aumentó en S/ 1,054 millones (0.14% del
PBI). Así, las transferencias por bonos se habrían compensado con la reducción
en otras partidas. El aumento del gasto fiscal sería cercano a cero este año.
5.
El incremento del déficit proyectado
refleja esencialmente la caída de la recaudación. Esto último se conoce como un
‘estabilizador automático’ de la economía, el cual no es producto de activismo
fiscal. Reducir el gasto ante la caída de los ingresos habría sido una locura,
sobre todo cuando se toma en cuenta la fortaleza de la que partíamos.
6.
También es importante focalizarse en el
grado de ejecución presupuestal. A fines de agosto, este llegó a 46.9% para
todo el sector público y a 29.2% para los gobiernos locales. Sin duda, la baja
ejecución del presupuesto a nivel subnacional refleja los efectos de la
pandemia, pero es difícil pensar que en los cuatro meses que restan del año se
vaya a producir un boom de gasto –de buena calidad– que constituya un verdadero
impulso fiscal. En resumen, es muy probable que el déficit sea bastante menor
que el previsto: alrededor de 6.8% si es que en lo que resta del año se eleva
el gasto al mismo nivel del año pasado. Alto, pero difícil de evitar.
7.
¿Podrá darse una rápida recuperación
económica? Lo que habrá es un rebote estadístico, pero no veremos un gran
dinamismo que nos permita recuperar el ingreso per cápita del año antes del
2023 o 2024. Además de los efectos de la pandemia sobre la oferta (que no
cesarán de la noche a la mañana), la incertidumbre y el calendario político no
contribuirán a una rápida recuperación de la inversión. Por otro lado, el
presupuesto para el próximo año aparentemente no dejaría mucho espacio para
activismo fiscal, este solo se incrementaría en 3.2% en términos nominales.
Dada las limitaciones existentes para el activismo fiscal y monetario, la
reactivación requerirá necesariamente fomentar la inversión privada.
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