1. Lo sucedido recientemente
en Petroperú (PP) es muy grave y podría marcar el comienzo de un peligroso
derrotero. Sin siquiera escuchar al directorio o a la gerencia de la empresa para
que explicasen la situación actual de PP, el gobierno removió a todos los
directores –con la excepción del representante de los trabajadores– y, luego,
al gerente general y a 19 altos funcionarios. Antes de tomar esta abrupta decisión,
el ministro del sector se había reunido con representantes de algunos
sindicatos y, más preocupante aún, con ex dirigentes sindicales despedidos por
haber participado sistemáticamente en actos de corrupción.
2. Mucho de lo que vi
y aprendí desde la presidencia del Directorio de PP quedó plasmado en el libro
“La tragedia de las empresas sin dueño. El caso Petroperú” (Universidad
Continental, 2020). Allí, trato el problema de la gobernanza corporativa y la
destrucción de valor en la empresa. El accionista es el Estado peruano; es
decir, todos nosotros y nadie a la vez. Por diversas razones, los representantes de la Junta
General de Accionistas han permanecido distantes de PP a lo largo de los años y
el Directorio ha estado sujeto a un alto grado de rotación. En la práctica, el
accionista está ausente y esto condiciona el comportamiento de los
trabajadores.
3.
Este contexto
ayuda a entender por qué algunos trabajadores enquistados en PP no toman
decisiones orientadas a maximizar el valor de la empresa, sino a mantener y
aumentar sus privilegios. A su vez, esto explicaría la ausencia del análisis
costo-beneficio detrás de un gran número de decisiones, como la de construir la
nueva refinería de Talara. También explicaría la invisibilización de la corrupción
y de la ineficiencia, pues estos funcionarios optan por cuidarse las espaldas a
fin de mantener sus privilegios. Tal como se explica en el libro, ellos “se comportan como miembros de una Gran Cofradía,
un cuerpo orgánico, con vida y objetivos propios”.
4. Desde hace ya
algunos años, cuando mis antecesores decidieron traer gerentes profesionales de
fuera de la empresa para ocupar puestos clave, la permanencia de los
privilegios de la “Gran Cofradía” se puso en peligro. Los grandes cófrades
estaban siendo dejados de lado y algunos, incluso, fueron despedidos por faltas
graves. Este proceso se profundizó en el 2019 y 2020, cuando desde el Directorio
optamos por transparentar lo que sucedía en PP, combatir la corrupción y
decirle la verdad a los peruanos. El proceso no fue fácil –a mi me costó el
puesto–, la Gran Cofradía se tenía que defender, aunque eso implicase engañar y
transgredir la ley.
5. Tras mi partida, el proceso de limpieza y modernización siguió adelante. Sin embargo, los profesionales a cargo de este proceso ahora han sido removidos. Los grandes cófrades justifican la decisión con razones absurdas. Por ejemplo, plantean que la empresa perdió 8 puntos de participación de mercado en el 2020. Parecen olvidar que, debido al diseño de la nueva refinería de Talara –un costosísimo proyecto promovido por ellos en base a un mal análisis– PP tuvo que dejar de refinar petróleo en diciembre de 2019. Entonces, la verdad es que, a pesar de no refinar y tener que comprar productos refinados a su competencia, la empresa pudo mantener más de un tercio del mercado.
6. Aquí no se trata de defender a gestión alguna, sino de alertar a todos los peruanos sobre las irregularidades que empiezan a ocurrir en la empresa pública más grande del país, una empresa cuyo desmanejo ya nos costó muchísimo en los años 80. Cuidemos a Petroperú y a sus buenos trabajadores. Defendámosla de la Gran Cofradía y de políticos irresponsables
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