"Propuestas frente a la expansión de las trabas burocráticas"

 

Fuente: Diario Gestión

1. La burocracia estatal –el empleo público– se está expandiendo de manera desmedida. Entre 2013 y 2023, el empleo en el sector público creció a una tasa anual de 2.51%, más del doble que el crecimiento de la población ocupada en el país (1.16%). Como es ampliamente conocido, el crecimiento del empleo público incrementa la inercia del gasto público (se trata de gasto corriente), genera rigideces a la baja y, por lo tanto, dificulta alcanzar las metas fiscales.  
2. Sin embargo, este no necesariamente es el mayor problema generado por el aumento del empleo público. Como ha sido analizado en diversos estudios de la rama de la Economía conocida como la teoría de la elección pública, las burocracias tienden a crecer de forma natural: para ascender en la escala laboral, los burócratas buscan tener un mayor número de empleados públicos bajo sus órdenes y aumentar progresivamente el presupuesto de sus organizaciones. En este proceso de crecimiento, la burocracia debe justificar su existencia con la creación de nuevas regulaciones; y, por supuesto, con más actividades de supervisión y control. 
3. ¿Qué tan beneficiosas son estas regulaciones para el país? Seguramente, hay algunas que son necesarias y contribuyen a un mejor funcionamiento de la economía y de la sociedad. Pero lo cierto es que hay muchas, miles, que aparecen subrepticiamente todos los años; entorpeciendo injustificadamente la actividad empresarial y perjudicando el bienestar de la ciudadanía. Se emiten contraviniendo, incluso, leyes del Congreso que tienen rango superior, a las cuales debieran estar sometidas. Pero la insubordinación regulatoria no conoce límites. 
4. En un reciente estudio del INDECOPI (Observatorio de Mercados No. 49) se da cuenta de que solo durante los años 2022 y 2023 se eliminaron más de 10,000 barreras burocráticas impuestas por distintas entidades del Estado que carecían de sustento legal o de justificación razonable. El promedio anual de disposiciones de la administración pública declaradas ilegales o irracionales en los últimos cinco años es mayor a 6,000; los daños ocasionados a las personas y empresas, inconmensurables.
5. La existencia y, peor aún, la expansión de este tipo de disposiciones enrarece el clima de negocios, nos resta competitividad y ralentiza la economía. Todos los esfuerzos realizados hasta ahora para combatir la burocracia contraproducente del Estado han sido insuficientes, pero no cabe duda de que la labor de la Comisión y de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI ha sido gravitante para aplacar los excesos de poder. Por lo tanto, deberíamos fortalecer estos órganos del INDECOPI asignándoles mayores recursos presupuestales.
6. La Comisión cuenta con apenas 30 personas, aproximadamente; un décimo del tamaño de la Comisión de Protección al Consumidor. Si este número se duplicara, el avance en la desburocratización y la defensa de los agentes económicos frente a la arbitrariedad sería mucho más efectivo. Una mayor dotación de recursos podría venir acompañada de una significativa reducción de plazos para la eliminación de más barreras burocráticas. En la actualidad, el procedimiento en Comisión demora 120 días hábiles en resolverse, con excesivos tiempos muertos que podrían reducirse a la mitad. El procedimiento ante la Sala que resuelve las apelaciones es mucho más largo, porque el plazo que tiene para resolver se computa desde que recibe el expediente, y la Comisión tarda demasiado tiempo en remitirlo por falta de personal.
7. La escases de recursos limita el poder que tiene la Comisión para realizar investigaciones y acciones preventivas; perseguir y sancionar a los funcionarios que incumplen sus mandatos; condenar con mayor celeridad a las entidades infractoras a reembolsar los gastos de las personas y empresas cuyas denuncias son declaradas fundadas; y dictar medidas cautelares en el menor tiempo posible. Los 30 días hábiles que tarda obtener medidas cautelares podrían reducirse a la mitad con mayores recursos para la Secretaría Técnica; que tiene el poder para dictarlas, pero que no lo ejerce.  
8. El fortalecimiento de estos órganos del INDECOPI debe venir acompañado de una mayor eficiencia procedimental en la eliminación de las barreras burocráticas. Por ejemplo, el derecho a apelar las decisiones de la Comisión debe ser exclusivo de las personas y empresas afectadas; y no de las entidades y funcionarios infractores. De esta manera se descongestionaría la labor resolutiva de la Sala. 
9. Se requiere también facultar a la Comisión y a la Sala para dictar medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de sus mandatos y destraben el funcionamiento del mercado. Hoy estas medidas no existen.
10. Es hora de asignar mayores recursos a eliminar las trabas burocráticas en vez de a crearlas. Solo hace falta claridad de ideas y voluntad política.

Carlos E. Paredes

Jorge E. Lazarte