"Sobre la locura y el manejo de la economía"

Fuente: Diario Gestión

1. “La locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes”, es una conocida frase equivocadamente atribuida a Albert Einstein (apareció por primera vez en la novela de Rita Mae Brown “Muerte súbita”, publicada en 1983, casi 30 años después de la muerte del reconocido físico). Si la citada aseveración sobre el comportamiento repetido –reconocible como locura– fuese correcta, entonces podríamos inferir que muchos peruanos sufren de un grave problema de salud mental. 
2. En efecto, se comportan como si sufrieran de algún trastorno mental al apostar, una y otra vez, por lo que no funciona, o, peor aún, cuando optan por desechar aquello que ha probado repetidamente que sí les funciona. A continuación, algunos ejemplos recientes en el campo económico de lo primero: (i) asignar más recursos fiscales a gobiernos subnacionales que carecen de la capacidad de ejecutar adecuada y transparentemente un mayor presupuesto público; (ii) rescatar y meterle aún más recursos fiscales a Petroperú –una empresa que pareciera dedicada dilapidar nuestros impuestos, además de manejarse con un nivel de opacidad sin precedentes; (iii) reemplazar a funcionarios calificados y con criterio propio, por otros menos calificados pero sumisos al poder político; (iv) incrementar la sobrerregulación que ya acogota al sector privado; (v) fijar precios o tarifas a inversionistas privados que compiten efectivamente en el mercado, entre muchos otros.
3. Por otro lado, el que desechemos aquello que sí funciona, tampoco suena muy racional. Al respecto, el refrán gringo “If it works, why change it?” (si funciona, ¿por qué cambiarlo?) es totalmente relevante. El dicho, en forma de pregunta ingenua, apunta a que si las cosas marchan bien, introducir cambios probablemente sea innecesario y, más bien, resulte contraproducente. En efecto, cambios continuos –especialmente aquellos que modifican lo que sí funciona– tienden a incrementar la incertidumbre, afectando negativamente el clima de negocios, la inversión y la prosperidad. Desgraciadamente, también tenemos ejemplos recientes de este tipo de comportamiento en materia económica. 
4. En el campo fiscal, a pesar de que en lo que va del 2025 nuestros términos de intercambio (precios de exportaciones entre precios de importaciones) alcanzaron su nivel más alto desde 1950, el MEF cedió frente a las presiones populistas y anunció que relajaría la regla fiscal. En vez ahorrar en esta época de vacas gordas, optó por no guardar pan para mayo. En la práctica, se abandonó el rol protagónico que tuvo el MEF en el pasado para asegurar la sostenibilidad fiscal y hacer frente a presiones populistas desde adentro y fuera del gobierno. 
5. En materia de concesiones de infraestructura, el gobierno está considerando imponerle topes tarifarios al nuevo puerto de Chancay, porque supuestamente el mismo no compite con los puertos del Callao o Paita. A pesar de que este argumento es contraintuitivo e inconsistente con la evidencia empírica sobre el origen y el destino de la carga transportada, los reguladores insisten en imponer controles de precios a un mercado competitivo. Parecen haber olvidado que la manera más efectiva de promover la competencia es atrayendo a nuevos inversionistas/operadores, incrementando la oferta, ¡pero no controlando precios!  
6. Finalmente, un ejemplo patético: el caso de la concesión de Olmos, el cual conozco bien por ser director independiente de la empresa concesionaria desde hace cerca de 18 meses. El plazo de la actual concesión vence en menos de dos meses y el gobierno nacional, en vez de apoyar al gobierno regional de Lambayeque para atraer un nuevo operador privado para la presa Limón y el túnel trasandino, busca que la concesión revierta a un operador estatal que no tiene los recursos humanos, financieros y de capacidad de gestión requeridos para operar una infraestructura de alta complejidad. El destino de las concesiones de infraestructura al vencimiento de su plazo no debe ser que estas pasen a ser operadas por organismos estatales existentes o, peor aún, por crearse. Más bien, deberían concursarse en procesos competitivos y transparentes entre operadores privados con experiencia y espaldas suficientes. Solo así prolongaremos en el tiempo los beneficios a los usuarios generados por el régimen de APPs. 
7. Al constatar que nuestras autoridades estarían apostando por lo que no funciona y desechando mucho de lo que ha probado funcionar, provoca gritar: ¡Alejémonos de la locura, promovamos la racionalidad! Sin embargo, no llegaremos muy lejos con este simple acto de catarsis. Para evitar el comportamiento irracional de los tomadores de decisiones, les debemos hacer más difícil el actuar como orates económicos. Imponer costos del tipo “sanción social” puede resultar muy efectivo. Los medios de comunicación, los gremios profesionales y la academia, podrían convertirse en los inquisidores que promuevan un comportamiento más racional. El castigo, en forma de desprestigio profesional y moral, puede ser un disuasivo muy fuerte. Empecemos.